La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha podido, por ahora, sacar del cargo de fiscal de la Nación a Delia Espinoza. Sin embargo, desde otro flanco, intentarán hacerlo. En el Congreso, Espinoza acumula cinco denuncias constitucionales en su contra. La coalición mayoritaria del Parlamento pretende usarlas para inhabilitarla de la función pública.
En medio de la crisis que atravesó el Ministerio Público la semana pasada, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Espinoza y sus homólogos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, quienes conforman la Junta de Fiscales Supremos.
El motivo de la denuncia constitucional es la decisión de la Junta de Fiscales Supremos de rechazar el veredicto de la JNJ sobre la restitución de Benavides como fiscal suprema y como titular del Ministerio Público.
El 20 de junio, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), dio cuenta del ingreso de esta acusación constitucional contra Espinoza y sus colegas.
Ese día, la SAC también dio cuenta del ingreso de una denuncia constitucional de la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, contra la fiscal Espinoza por presunto abuso de autoridad y prevaricato.
Dicha imputación fue presentada el 28 de febrero debido a que Espinoza investiga a 11 parlamentarios que aprobaron un proyecto de ley que permite a congresistas militares y policías retirados cobrar remuneración y pensión.
La congresista Alcarraz solicita también que la titular del Ministerio Público sea inhabilitada 10 años de la función pública.
